El outsourcing, también conocido como subcontratación, es un modelo utilizado ampliamente por empresas en México y en muchos otros países. Ofrece varias ventajas que son atractivas para las compañías, como la reducción de costos en la contratación, la administración de personal, la capacitación y la gestión de la nómina. Esto se logra al delegar ciertas tareas administrativas y operativas a terceros especializados en esos servicios. De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en México más de 3.5 millones de empleados son contratados bajo este modelo laboral.
Es cierto que este modelo ha sido una herramienta ampliamente utilizada por las empresas para reducir costos y enfocarse en sus actividades principales, pero también ha generado preocupaciones sobre los derechos laborales de los empleados subcontratados. Mientras beneficia a las compañías, por otra parte afecta a los trabajadores al privarlos de prestaciones como el seguro social y aguinaldo, además de encontrarse más desprotegidos en términos legales en caso de despido o algún problema. Debido a ello la STPS determinó como ilegal el uso de outsourcing, promoviendo en su lugar el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (RESPSE), con el propósito de regular los modelos de contratación externos y velar por los derechos laborales.
Ante dicha prohibición la STPS dictó multas a quienes incumplan con ello, sanciones que van desde una suma de 250 mil pesos por trabajador subcontratado, hasta la inhabilitación para licitar con el gobierno federal y el cierre temporal o definitivo de la empresa. Aunado a ello, en 2022 se realizaron más de 10 mil verificaciones de cumplimiento y se ofrecieron 10 mil cursos de capacitación sobre las regulaciones laborales y fiscales. Pese a ello la práctica sigue muy presente en el país.
Al respecto, Pablo Fajer, Director General de Codifin, una empresa dedicada a la capacitación y certificación de personal, comenta que más allá de estar dentro del marco legal, el REPSE trae beneficios no sólo para los empleados, sino también para los empleadores,” La ventaja principal es la reducción de la carga administrativa al unificar los trámites de contratación y la automatización de procesos, reduciendo los errores y el trabajo manual, además, el registro garantiza que los proveedores de servicios especializados cumplan con la legislación laboral”.
La implementación este registro tiene como objetivo regular esta práctica y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales tanto para los empleadores como para los trabajadores. Las multas y sanciones impuestas por incumplimiento son una clara señal de la importancia que el gobierno mexicano otorga a esta regulación, no solo busca asegurar los derechos de los trabajadores, sino también simplificar y unificar los trámites administrativos para las empresas, permitiéndoles llevar un mejor control sobre los procesos de contratación externa y cumplir con la legislación laboral vigente.
Cabe destacar que el 80% de las compañías que han hecho la transición a este modelo han conseguido mejorar su productividad, sumando un motivo más para realizar la migración, sin embargo, para saber si tu empresa debe hacer este cambio hay que considerar algunos aspectos relevantes y seguir el procedimiento que se enlista a continuación:
- Evaluar la situación actual de la empresa en relación a la legislación laboral
- Identificar qué servicios pueden ser subcontratados y cuáles deberían ser realizados por el personal de la plantilla directa existente
- Buscar proveedores de servicios especializados que cumplan con la legislación laboral
- Hacer la negociación de contratos con los proveedores de dichos servicios para beneficiar a ambas partes
- Realizar el proceso de transición al REPSE de manera ordenada y transparente.
En conclusión, esta forma de regular el outsourcing en México, ofrece beneficios tanto para empleados como empleadores, aunque impone desafíos significativos para las empresas que deben adaptarse a estas nuevas regulaciones para evitar consecuencias legales y económicas negativas. Esto implica una revisión exhaustiva de sus procesos de subcontratación, contratos laborales y cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.