A través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que impuso la sanción de inhabilitación por tres años y multas resarcitorias por más de un millón 350 mil pesos a la empresa Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V., por proporcionar información falsa y actuar con dolo en el concurso de una licitación pública y la prestación del servicio contratado para el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2020.
Esto a partir de una serie de recorridos y visitas de inspección que la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval realizó en febrero del año pasado, se presentaron una serie de denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez por irregularidades en la prestación de manera ininterrumpida y oportuna del servicio integral de farmacia de dicho instituto, y la titular de la SFP, en uso de sus atribuciones, determinó iniciar con la investigación que hoy ha concluido con esta sanción.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública, después de un cuidadoso procedimiento sancionatorio, determinó que en la licitación, Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., quienes participaron de manera conjunta en la licitación, falsearon información al momento de concursar por el contrato, al señalar que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual no era cierto. Con ello violentaron la fracción IV del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De igual manera se determinó, en un estricto apego a la norma, que las empresas actuaron con dolo, ya que tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos.
Por dichas razones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública, respetando en todo momento el derecho de audiencia de las empresas, resolvió sancionarlas con inhabilitación por 36 meses y multa resarcitoria por un millón 358 mil 820 pesos a cada una.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de igual manera realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles faltas cometidas por personas servidoras públicas.