Ha sido bien recibido por sus partidarios como un “momento histórico” el inesperado apoyo de Estados Unidos a la suspensión de la protección de patentes para la vacuna de Covid-19 con el objetivo de aumentar su producción.
A pesar de que, quedan aún muchos meses de negociaciones antes de que se logre un consenso. Además, la industria farmacéutica, claramente opuesta a este proyecto, va a seguir luchando para limitar su alcance.
¿Qué son las patentes?
Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, en este caso, la vacuna coronavirus, que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su uso e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento.
Asimismo esto asegura que el titular de la patente tiene el monopolio de la invención por un tiempo limitado de 20 años, que se puede prorrogar a otros 5 años en el caso de los productos farmacéuticos (como las vacunas).
Contar con un registro de patente brinda una ventaja competitiva en el mercado y evita que los competidores usen esta invención sin permiso del propietario, además, suma invención al conocimiento humano.
Sin embargo cuando registras una patente estás registrando, literalmente, un manual de cómo se crea y cómo funciona un invento, el cual asegura que cualquiera que lo reproduzca durante el plazo legal de tu patente puede ser denunciado.
Los opositores a la propuesta de Joe Biden han citado el esfuerzo financiero realizado por los laboratorios -miles de millones, en parte con fondos públicos- y el freno a las inversiones futuras que se produciría si no se obtienen beneficios.
Las farmacéuticas subrayan que han suscrito ya 275 acuerdos de asociación, incluso de transferencia tecnológica, para aumentar lo más rápido posible la producción y llegar a producir 10 mil millones de dosis en 2021.
También, estiman que más de cien ingredientes que entran en la fabricación de la vacuna son difíciles de encontrar actualmente, sea porque su exportación está bloqueada o porque su demanda es muy elevada.
Hasta ahora, Estados Unidos y otros productores de fármacos, como la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, se habían opuesto a la suspensión de patentes, al alegar que la propiedad intelectual funciona como incentivo para el desarrollo de la vacuna coronavirus y otros productos.