El 18 de marzo del 2011, a consecuencia de una redada de la DEA, en donde se decomisaron más de 800 mil dólares en efectivo y la revelación de un “soplón”, se suscitó la Masacre de Allende que arraso con casi un pueblo entero en Allende, Coahuila.
Un vehículo conducido por uno de los miembros del cártel de Los Zetas, quien identificó a su jefe como José Vázquez Jr., alias El Diablo, fue decomisado con más de 800 mil dólares en efectivo, los cuales se encontraban en el tanque de gasolina.
Vázquez Jr. era el distribuidor de cocaína más grande de Los Zetas en Texas, por lo que los agentes estadounidenses lo vieron como una gran oportunidad para llegar a los líderes del cártel y capturarlos.
La DEA hizo presión sobre “El Diablo” amenazándolo con meter a la cárcel a su esposa y su mamá si éste no les proporcionaba información de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42. Éste aceptó y convenció a Héctor Moreno, otro miembro de Los Zetas, de entregarle los números de rastreo de los teléfonos celulares de sus jefes.
Héctor Moreno era el encargado de comprar celulares nuevos cada 15 días a los hermanos Treviño Morales para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
El Diablo hizo entrega a los agentes de la DEA la información sobre los celulares y estos compartieron los datos con una unidad de la Policía Federal de México.
Sin embargo, los agentes mexicanos filtraron la información al cártel sobre lo ocurrido, lo que desató la furia de los líderes. Inmediatamente el cártel supuso que Héctor Moreno y otro hombre identificado como José Luis Garza habían sido los soplones.
José Luis Garza era originario de Allende y formaba parte de una familia adinerada que se dedicaba a la ganadería y minería de carbón. Los Treviño Morales planearon su venganza en contra de los delatores, apuntando primero su artillería en contra de la familia Garza y todos los que tuviera un vínculo con ella.
Por lo tanto el viernes 18 de marzo criminales llegaron a Allende, Coahuila localizando las propiedades de los Garza y asesinaron a todo aquel que estaba en su interior. En la noche de aquel día, se podían apreciar las llamaradas que salían de los ranchos. Aquellos sicarios no hicieron distinción: hombres y mujeres, ancianos y niños, todo aquel con apellido Garza o que tuviera relación con la familia fueron desaparecidos y asesinados. Inclusive arremetiendo contra personas que no tenían que ver con los Garza y su único delito fue haber estado esa noche en la calle.
A la mañana siguiente, maquinaria llego al lugar para demoler todo aquello perteneciente a la familia; bodegas, casas, negocios y quintas de descanso. Después, los criminales incitaron a los pobladores a que las saquearan. Familias enteras entraron a las fincas por televisores, electrodomésticos, muebles y hasta el cableado, dejando absolutamente nada.
Del 18 al 22 de marzo el Sistema de Emergencias 089, recibió un total de mil 451 reportes de auxilio en Allende y Piedras Negras, las cuales nadie atendió. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía municipal de Allende participó activamente en la desaparición de personas, como lo detalló en la recomendación 10-VG/2018.
Después de la culminación de aquella masacre, el pueblo enteró calló por años. Nadie hico nade ante este secreto a voces. Ninguna de las autoridades ni fuerzas de seguridad se atrevieron a dar frente al que era, en ese entonces, el cártel más poderoso y sanguinario del país, a pesar de que algunos de los familiares de las víctimas habían interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público en Piedras Negras.
La, ahora, Fiscalía General de Justicia tiene un registro de alrededor de 28 personas desaparecidas en ese fin de semana y 42 entre enero del 2010 y agosto del 2012. Esta cifra se basa en las denuncias que se recibieron en la dependencia. Algunos activistas y colectivos de búsqueda de desaparecidos estiman que pudieron ser cientos las víctimas de aquel fin de semana, pero a la fecha, el número es impreciso.