La iniciativa privada en México ya prepara acciones legales en contra de la más reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que modifica el despacho de energía, con potenciales costos adicionales a la economía de los mexicanos y al medio ambiente, adelantó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El ceo de la Comisión de Energía del CCE, Roger González Lau mencionó que con la publicación de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver un muy buen número de acciones legales de muchísimas empresas, por no decir la mayoría de empresas, y también organismos como Greenpeace y Cofece.
En cuanto a los temas legales, hay ya una buena cantidad de empresas, que tenemos conocimiento, que se están preparando para poner o tomar acciones legales”
Roger González Lau, Comisión de Energía del CCE
Tanto organismos nacionales e internacionales han advertido que el cambio en el modelo de despacho para beneficiar la generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad con plantas de diésel, combustóleo y carbón va en detrimento de la salud de la sociedad, toda vez que cada año se asocian 10.2 millones de muertes a partículas que se desprende por quemar estos combustibles.
No obstante dicho modelo costará 60 mil millones de pesos más cada año a los bolsillos de los mexicanos, ya sea por incrementos en los recibos que pagan de luz o bien, a través de subsidios que tratarán de absorber el impacto de los incrementos en el costo de la electricidad.
Agregaron que se contravienen tratados internacionales como el Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el Acuerdo Transpacífico y otros ambientales como el Acuerdo de París y la agenda 2030 con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que también se advirtió de posibles demandas y arbitrajes internacionales.
Por otra parte otros recursos que podrían intervenir con recursos en contra de la reforma, es la minoría en el Senado de la República, quienes han amagado con meter una acción de inconstitucionalidad para echar atrás estos cambios ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).