Las Autoridades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicaron el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación y en su portal, un aviso sobre el inicio de una investigación por denuncia a la posible realización de prácticas monopólicas en el mercado del mezcal.
Ésta evaluación consiste en el cumplimiento de las normas que aseguran la calidad, características de técnicas y/o seguridad de los bienes y servicios que se comercializan en los mercados. En el caso de que se encuentren probables conductas anticompetitivas, se podría reducir significativamente las opciones a las que los productores de mezcal pueden acudir para dar legalidad a las normas impuestas, incrementando así sus costos y el precio por pagar a los consumidores finales por esta bebida.
La producción de mezcal y tequila son consideradas las segunda económica más importante del país en la industria de bebidas alcohólicas en México, representando el 32% de la producción bruta total. En consecuencia, la falta de competencia en el proceso de evaluación de la conformidad para el cumplimiento de las normas podría repercutir de manera negativa en este mercado.
Las prácticas monopólicas se definen como actos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial, marcando como el objeto el de desplazar indebidamente a otros participantes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.
El plazo dado para la investigación es hasta de 120 días hábiles, contados a partir del 4 de marzo de 2020, fecha en que dio inicio la averiguación. Si al término de la investigación no se ha encontrado elementos que verifiquen la realización de dicha práctica, el Pleno de la Cofece resolvería su cierre. En caso contrario en que se muestren elementos que presuman una violación a la Ley, los presuntos responsables, serán llamados a un juicio para presentar sus alegatos. De ser comprobada la realización de este tipo de práctica, los responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.